El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, día 8 de abril, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la primera norma de esta materia en España, con alcance nacional.

El objetivo de la ley no es otro que el de exigir el cumplimiento de los compromisos internacionales de lucha contra el calentamiento global y, consecuentemente, contra el cambio climático. Alcanzar la neutralidad climática para el año 2050 es el nuevo reto ambiental al que el hombre debe hacer frente para garantizar no superar una línea que puede conllevar consecuencias irreversibles. 

La neutralidad climática implica la emisión de los gases de efecto invernadero (GEIs) que pueden ser captados por los sumideros de carbono, como por ejemplo los bosques. Ello implica que para el año objetivo la economía de España deberá haber sustituido el consumo de los combustibles fósiles por otros más eficientes y menos contaminantes. 

La propuesta de Ley de Cambio Climático y Transición Energética contempla toda una serie de puntos clave:

1. A partir de 2040 no se podrán vender turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos de combustión interna (que emitan CO2). Esta actuación implicaría poder conseguir el objetivo de lograr un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2 para 2050.

2. Se crean los Planes Integrados de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Descarbonización a 2050. Se persigue la reducción de los GEIs en un % para el 2030 respecto al año 1990.

3. Para 2030 las energías "limpias" deben alcanzar el 42% en el consumo final de energía y deberán aportar al menos el 74% del sistema eléctrico. 

4. No se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluyendo el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos vigentes no podrán prorogarse más allá del 31 de diciembre de 2042. No se autorizarán, de la misma manera, actividades de explotación de hidrocarburos que utilicen la fractura hidráulica de alto volumen o "fracking".

5. Una vez aprobada la Ley, no serán admitidas nuevas solicitudes para el otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas de minas o minerales radiactivos. 

6. Las ciudades de más de 50.000 habitantes deberán disponer de zonas de bajas emisiones para el 2023, con el fin de reducir la contaminación atmosférica y las emisiones de CO2. Si la calidad del aire es deficiente en municipios de más de 20.000 habitantes también se les exigirá la regulación de zonas de bajas emisiones.

7. Aprobada la Ley, el Gobierno deberá presentar un plan de rehabilitación de viviendas, en los 6 meses posteriores. Se persigue que los materiales utilizados en la rehabilitación de edificios dispongan de la menor huella de carbono posible.

8. Se deberá promover una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público. 

9. El despliegue de las energías renovables de llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial. Para ello, perseguirá revertir parte de la riqueza que genera en el territorio para activar su economía y combatir el declive demográfico. 

10. Se fomentará la participación de propietarios y gestores para aumentar la capacidad de captación de CO2 de los sumideros de carbono.

11. Se deberán instalar infraestructuras de recarga eléctrica en la estaciones de servicio de todo el país (el 10% de la red) con potencia igual o superior a 150 kW o a 50 kW, dependiendo del volumen de ventas. A partir de 2023 todos los edificios que no estén destinados a uso residencial y con más de 20 plazas de aparcamiento deberán tener esta infraestructura de recarga. 

12. Las grandes empresas, las entidades financieras y aseguradoras deben elaborar cada año informes sobre los riesgos para su actividad derivados de la transición hacia una economía sostenible y las medidas para hacer frente a dichos riesgos.

13. Las grandes empresas del Estado también deberán contar con planes de acción climática, debiendo calcular y publicar informes sobre sus emisiones GEI. El Gobierno concretará en el plazo de un año que tipología de empresas estarán implicadas. El plan de reducción de estas empresas deberá incluir un objetivo cuantificado de reducción en un horizonte temporal de cinco años, junto con medidas para su consecución.  

14. No se otorgarán nuevas autorizaciones de explotación, permisos, concesiones o prorrogas de los recursos de carbón en España.

15. Se creará una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático a nivel nacional, recomendándose la creación de asambleas autonómicas.

16. Se promueve la inclusión de la educación ambiental en los currículos. 

17. Se establece como instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada y coherente frente a los efectos del cambio climático el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el cual deberá actualizarse cada 5 años. 

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